La Ley 16-26 en RD, diseñada para garantizar el pago a contratistas del Estado, ha generado inquietud entre los ingenieros, arquitectos y agrimensores. A pesar de su promulgación hace 48 días, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) alerta sobre los retrasos en su ejecución.
La Ley 16-26 en RD tiene como objetivo asegurar que los contratistas del Estado reciban sus pagos de manera oportuna. Sin embargo, desde su puesta en marcha, los profesionales del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) han manifestado su frustración. La ley contempla la creación de una comisión destinada a revisar y gestionar las reclamaciones de obras ejecutadas, pero esta aún no se ha establecido. Este retraso ha llevado a muchos contratistas a congregarse, exigiendo sus derechos.
El Comité Institucional del Codia organizó una manifestación en su sede central para visibilizar su descontento. Con pancartas expresando su malestar, los ingenieros y arquitectos demandaron la pronta implementación de la ley. Expresiones como "¿Dónde está la comisión?" y "¡Queremos cobrar en vida!" resonaron en la protesta. La falta de acción administrativa ha sido un punto crítico, ya que muchos profesionales dependen de estos pagos para sustentar sus labores y proyectos.
Miguel Liberato, vocero del Codia, destacó la rapidez con que el Congreso aprobó la ley y cómo el Poder Ejecutivo la promulgó. No obstante, la falta de celeridad en la aplicación práctica es evidente. Según Liberato, la deuda con contratistas supera los RD$390 millones, afectando a más de 90 profesionales. Este monto podría ser aún mayor si se consideran otros contratistas involucrados en proyectos escolares, lo cual incrementa la presión sobre el Estado para atender estas obligaciones.
El ingeniero Emilio Familia también ha expresado su preocupación por la situación actual. Han pasado 48 días desde la promulgación y aún no hay confirmación oficial sobre la comisión que debería gestionar los pagos. Familia subraya que "sin comisión, no hay validación; sin validación, no hay pago; y sin pago, no hay justicia". Esta falta de estructura organizativa impide que los contratistas vean cumplidas las promesas hechas por el gobierno.
Además de las manifestaciones públicas, el Codia ha realizado gestiones formales para agilizar el proceso. Han entregado comunicaciones oficiales solicitando la activación de la comisión y la publicación de un cronograma de ejecución. Este cronograma es esencial para que los afectados entiendan las fechas y procedimientos esperados para la validación de sus reclamos. Sin una guía clara, el proceso se vuelve incierto y genera más inestabilidad entre los profesionales.
La inactividad prolongada de la administración pública podría tener consecuencias negativas. El malestar entre los contratistas no solo aumenta, sino que también podría derivar en una crisis de confianza hacia las instituciones gubernamentales. Los ingenieros y arquitectos han dejado claro que su objetivo no es crear conflicto, sino encontrar soluciones efectivas. Quieren que se cumpla la voluntad del presidente al promulgar la ley, asegurando que los pagos se realicen conforme a lo prometido.
El Codia insiste en que se necesita una respuesta rápida del gobierno para evitar un estancamiento mayor. Los contratistas esperan que la comisión se establezca prontamente y que las reclamaciones comiencen a ser evaluadas. La claridad en los procedimientos y la transparencia en la gestión de los pagos son cruciales para restaurar la confianza de los profesionales en el sistema. Sólo así se podrá avanzar hacia una solución definitiva que beneficie a todos los involucrados.
La implementación efectiva de la Ley 16-26 en RD es crucial para garantizar los derechos de los contratistas. Se necesita acción inmediata para resolver los problemas actuales.
Preguntas Frecuentes
La Ley 16-26 en RD garantiza el pago a contratistas del Estado mediante una comisión que revisa sus reclamaciones.
A pesar de su promulgación, la comisión responsable de gestionar los pagos aún no se ha establecido, causando retrasos.
La deuda supera los RD$390 millones, afectando a más de 90 contratistas involucrados en obras estatales.
Fuente original: listindiario.com
