El catastro penitenciario en República Dominicana estará listo el 30 de agosto. Este proyecto, liderado por la Procuraduría General de la República, busca identificar los mercados delictivos, sus beneficiarios y focos rojos. Además, proporcionará mapas de calor para desarrollar una política de persecución penal basada en datos, superando la simple reacción a incidentes.
La Procuraduría General de la República de República Dominicana ha anunciado la inminente finalización del primer catastro penitenciario del país. Previsto para el próximo 30 de agosto, este catastro constituye una herramienta esencial para la identificación y análisis de los mercados delictivos. Con esto, el Ministerio Público busca ir más allá de la tradicional respuesta reactiva ante los crímenes, optando por un enfoque proactivo basado en datos. Esto permitirá una política penal más efectiva, enfocada en los patrones y tendencias delictivas en lugar de casos aislados.
Durante el anuncio, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, destacó la importancia de este enfoque innovador en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Reynoso explicó que el Ministerio Público está transformando su método de análisis criminal. Antes se enfocaban únicamente en cada expediente individual, pero ahora se centran en estudiar los fenómenos y mercados criminales subyacentes. Esta nueva metodología permitirá a las autoridades una comprensión más amplia de la criminalidad, facilitando la identificación de los actores clave y sus beneficiarios.
Un ejemplo de esta nueva estrategia es el análisis de los robos de teléfonos celulares, motocicletas y metales preciosos. Estos bienes son parte de mercados delictivos que deben ser estudiados para entender quiénes se benefician y dónde se concentran los focos principales de actividad ilícita. Al identificar estos elementos, el Ministerio Público podrá diseñar estrategias de persecución que sean tanto preventivas como reactivas, basadas en un entendimiento más profundo de la dinámica criminal.
El desarrollo del catastro penitenciario incluye la elaboración de mapas de calor que ayudarán a localizar y comprender mejor las áreas de delincuencia. Estos mapas, junto con el cruce de información entre diferentes entidades de seguridad, facilitarán la orientación de las acciones de persecución y prevención. Reynoso subrayó que este trabajo se lleva a cabo en colaboración con el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, y la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otras instituciones.
La procuradora enfatizó que, según la Constitución, es responsabilidad del Ministerio Público diseñar e implementar la política de persecución penal. Para cumplir con este mandato, disponer de información sistematizada sobre la criminalidad es fundamental. Tal información permitirá tomar decisiones informadas y formular políticas basadas en evidencia sólida, en lugar de suposiciones.
Un aspecto alarmante revelado por Reynoso es que el 70% de los homicidios y casos de violencia en los últimos dos meses tienen su origen en conflictos sociales. Este porcentaje supera la media anual, que oscila entre el 58% y el 60%. La magistrada destacó la necesidad de fomentar una cultura de conciliación y diálogo para prevenir que los conflictos cotidianos escalen a situaciones de violencia extrema.
Reynoso también señaló que la contaminación sónica es un factor que contribuye a la conflictividad social. En lo que va del año, solo en el Gran Santo Domingo, se han registrado 82,000 denuncias por ruido, 27,000 de ellas en domingos. Además, las denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual alcanzaron 73,000 en 2025. Estas cifras reflejan un panorama preocupante que demanda un enfoque integral.
Ante esta situación, Reynoso propone un pacto de Estado que involucre a todos los sectores de la sociedad para combatir la violencia y la criminalidad. Este pacto debe trascender los intereses políticos y sectoriales, incluyendo al empresariado, partidos políticos, academia y ciudadanía en general. La procuradora aboga por un esfuerzo conjunto que abarque todas las dimensiones de la seguridad, incluyendo la problemática del tránsito.
Finalmente, Reynoso resalta que el catastro penitenciario es solo un primer paso hacia una política penal moderna y eficaz. Se necesita un compromiso nacional que permita una respuesta coordinada y sostenible a largo plazo. Así, República Dominicana podrá enfrentar de manera efectiva los desafíos que presenta la criminalidad en el siglo XXI.
El catastro penitenciario promete transformar la política penal en República Dominicana. Al utilizar datos y mapas de calor, las autoridades podrán diseñar estrategias más efectivas. Esto es clave para reducir la criminalidad y mejorar la seguridad. Sin embargo, requiere un esfuerzo conjunto de toda la sociedad.
Preguntas Frecuentes
Es una herramienta para identificar mercados delictivos y diseñar políticas penales basadas en datos.
El catastro penitenciario en RD estará listo el 30 de agosto.
Permite una política penal eficaz basada en análisis de datos, mejorando la seguridad pública.
Fuente original: hoy.com.do
