Obligar a los empleados con ingresos mayores a 624,329 pesos anuales a presentar una declaración de bienes sería una duplicación de datos y un gasto innecesario para la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ya que las empresas ya reportan estos salarios mensualmente con el formulario IR-3.
Germanía Montás, exsubdirectora de la DGII, explicó que la nueva medida propuesta en la "Ley de Modernización Fiscal" no es necesaria, ya que los empleadores ya envían esta información periódicamente. Según el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el cambio busca aumentar la recaudación, ya que la tasa de impuestos personales en RD es solo del 10%, comparada con el 24% de otros países de la OCDE.
El proyecto de ley establece que los empleados con ingresos menores a 624,329 pesos no deberán hacer la declaración. Sin embargo, Montás sugirió que en lugar de obligar a todos a declarar, el gobierno debería buscar formas más eficientes de obtener la información sobre ingresos adicionales.
Además, la propuesta de ley busca eliminar los pagos adelantados del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para microempresas y personas físicas. El gobierno también propone reducir el anticipo al 40% para pequeñas empresas y al 60% para medianas, y exonerar a nuevas microempresas del pago de ISR durante sus primeros tres años. La eliminación de estos anticipos ha sido una demanda constante, ya que representa un pago adelantado que las empresas deben hacer basado en sus ganancias del año anterior.
Durante un evento, Anyarlene Bergés, de la AIRD, y otros participantes discutieron la lucha contra el comercio ilícito en el país, destacando la importancia de la cooperación entre el gobierno y el sector privado. También se presentó el Observatorio Industrial Contra el Comercio Ilícito, una plataforma con información sobre prácticas ilegales y su impacto en la economía.