La empresa podría comenzar el proceso para recuperar el dinero adeudado embargando activos comerciales de España en EE. UU.
Un tribunal federal de EE. UU. ha permitido que se ejecute un fallo arbitral contra el Gobierno de España. Este fallo beneficia a la empresa JGC Corporation, que busca recuperar 23,51 millones de euros por la reducción de las primas a las energías renovables.
JGC puede comenzar el proceso para recuperar el dinero embargando activos comerciales de España en EE. UU., según fuentes legales.
El caso comenzó por cambios en las regulaciones del sector energético español. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó que estos cambios violaron la seguridad jurídica que España aceptó al firmar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
El fallo le otorga a JGC el derecho a recibir la compensación de 23,51 millones de euros, más intereses por retrasos en el pago y reembolso de gastos legales. Este arbitraje se refiere a dos plantas termosolares en Andalucía y empezó en 2015, finalizando en 2021.
La Corte de Distrito de EE. UU. rechazó los argumentos de España, que decían que el tribunal arbitral no tenía jurisdicción y que el fallo no era compatible con la legislación de la Unión Europea.
La corte estadounidense decidió que el fallo debe ser reconocido y ejecutado como si fuera una sentencia de EE. UU., de acuerdo con la ley vigente y los compromisos internacionales del convenio Ciadi.
La decisión del juez Rudolph Contreras sigue la línea de otro fallo de este verano, que rechazó la intención de España de detener estas denuncias, argumentando que la justicia estadounidense no debía involucrarse.
Fuentes legales indican que este fallo refuerza los derechos de los inversores en EE. UU. y puede abrir la puerta a más embargos contra España, como los que ya están ocurriendo en Bélgica y el Reino Unido. Se han identificado activos embargables por más de 5.000 millones de euros. La Corte Suprema de Australia también ha fallado en contra de España, aunque no se han iniciado embargos allí, ya que las empresas afectadas están priorizando otros procedimientos.
Además del caso de JGC, hay otros 25 laudos que condenan a España y que aún no se han pagado. Las deudas suman un total de 1.562 millones de euros en indemnizaciones, más 321 millones por intereses y costos legales. Los afectados piden al Gobierno español una solución negociada para acabar con los incumplimientos, reactivar la inversión verde y poner fin a los problemas internacionales provocados por los embargos.
La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales levantó un embargo impuesto en agosto sobre los derechos de usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, en Londres. Este embargo fue una reclamación de NextEra Energy para asegurar el pago de 290 millones de euros que el Ciadi reconoció por el recorte de las primas a las energías renovables.
