Las deportaciones a terceros países han generado un gran debate en EE.UU. En el último año, el Gobierno de Estados Unidos ha gastado 40 millones de dólares en deportar a 300 inmigrantes a naciones no originales. Este informe revela detalles sobre la utilización de este método por parte del gobierno de Donald Trump.
El informe fue publicado por los demócratas del comité de Relaciones Exteriores del Senado. Se trata de una investigación que duró diez meses. Durante este tiempo, los senadores revisaron los contratos del gobierno para deportaciones a terceros países.
Antes, estas deportaciones se realizaban de manera excepcional. Sin embargo, el gobierno de Trump ha sistematizado este proceso. En el comunicado, la senadora Jeanne Shaheen expresó su preocupación por la gestión de los fondos públicos.
La senadora indicó que el gobierno está utilizando dinero de los contribuyentes. Esto ocurre mientras se ignoran los costos humanos y se ponen en riesgo las relaciones diplomáticas de EE.UU.
El informe menciona que los costos de deportaciones a terceros países hasta enero de 2026 son inciertos. Sin embargo, se estima que podrían superar los 40 millones de dólares. Hasta ahora, el gobierno ha entregado más de 32 millones a cinco países.
Los países que han recibido deportaciones incluyen Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau. De los 300 inmigrantes deportados, 250 eran venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025.
El resto, 51 personas, fueron enviados a otros cuatro países. La mayoría de estos inmigrantes fueron enviados a Guinea Ecuatorial y Eswatini. Este hecho resalta la falta de atención a las necesidades de los deportados.
El informe critica que EE.UU. pudo haber expulsado a muchas de estas personas a sus países de origen. De hecho, más del 80 % de los deportados a terceros países ya han regresado a sus hogares o están en proceso de hacerlo.
En algunos casos, EE.UU. pagó para enviar migrantes a terceros países. Después, pagó nuevamente para devolverlos a su país natal. Esta situación plantea serias dudas sobre la eficiencia del proceso de deportación.
Los senadores demócratas advierten sobre la intención del gobierno de retirar estatus legal a miles de inmigrantes. Esto incluye la suspensión de beneficios como el TPS, lo que podría aumentar las deportaciones a terceros países.
Finalmente, el informe concluye que estas operaciones son caras e ineficientes. Además, financian a gobiernos corruptos sin supervisión. Por último, se critica la falta de transparencia en los acuerdos y su cumplimiento.
Las deportaciones a terceros países generan un impacto significativo en la política migratoria de EE.UU. Es crucial evaluar la eficiencia y humanidad de estos métodos.
Fuente original: eldia.com.do
