Los empresarios critican cambios rápidos en las leyes, destacando que cuando las reformas son complejas, es fundamental ampliar el debate y la consulta. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó su desaprobación ante la rápida aprobación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Este proceso incluyó ajustes en las tarifas para las personas y entidades, sin el espacio adecuado para un análisis profundo.
El Conep destacó que la declaratoria de urgencia es una herramienta poderosa reservada para situaciones excepcionales. Sin embargo, su uso frecuente puede erosionar la calidad del debate legislativo. En lugar de permitir un diálogo exhaustivo, limita la participación de los sectores interesados. Por lo tanto, se reduce la oportunidad de construir reformas sostenibles y bien fundamentadas.
Cuando las reformas son complejas y requieren correcciones constantes, acelerar el proceso no siempre es la mejor solución. Los empresarios creen que es crucial reconocer la importancia del diálogo y la deliberación técnica. Las correcciones rápidas pueden llevar a soluciones temporales en lugar de cambios estructurales duraderos.
El "golpe de bolsón" hace referencia a la modificación de la Ley 225-20 sobre gestión de residuos sólidos. En 2025, varios sectores empresariales y ambientales expresaron su descontento con las rápidas aprobaciones de cambios. Estas se realizaron mediante trámites de urgencia, sin un proceso de discusión amplio y transparente.
Recientemente, el Senado aprobó de urgencia modificaciones a la Ley General de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Esta ley incluye cambios en los montos que deben pagar las entidades por sus residuos. Además, prohíbe la importación de productos de foam, como vasos y utensilios no biodegradables.
El artículo 172 de la nueva normativa prohíbe específicamente la importación de sorbetes y cubiertos plásticos. Estos productos deben tener certificación de biodegradabilidad para ser permitidos. Esto busca reducir el impacto ambiental de los residuos no reciclables en el país.
Además de las prohibiciones, la ley establece una contribución especial para las personas jurídicas y entidades gubernamentales. Esta contribución se basa en los ingresos anuales reportados a la Dirección General de Impuestos Internos. El objetivo es crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la mala gestión de residuos.
Los aportes se calcularán de acuerdo con los ingresos del ejercicio fiscal correspondiente. Este enfoque busca financiar un sistema integral de gestión de residuos que sea eficaz y sostenible. Sin embargo, las empresas están preocupadas por el impacto financiero de estas contribuciones adicionales.
El Conep insiste en que las reformas deben ser inclusivas y bien discutidas. La participación de todos los sectores afectados es vital para el éxito y la sostenibilidad de las nuevas leyes. Las consultas amplias pueden prevenir problemas futuros y asegurar que las reformas sean beneficiosas para todos.
Este debate resalta la tensión entre la necesidad de actuar rápidamente frente a problemas urgentes y el deseo de procesos legislativos reflexivos. Encontrar un equilibrio entre la urgencia y la deliberación cuidadosa es un desafío constante para los legisladores y los empresarios.
El debate sobre las reformas rápidas continúa. Los empresarios buscan un equilibrio entre la necesidad de cambios urgentes y un proceso legislativo inclusivo y bien fundamentado.
Preguntas Frecuentes
Critican porque los cambios rápidos limitan el debate y la participación necesaria para reformas sostenibles.
Prohíbe la importación de productos de foam no biodegradables para reducir el impacto ambiental.
Crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la disposición actual de residuos y mejorar su gestión.
Fuente original: diariolibre.com
